Política
Durante su jornada de Gobierno en el Departamento de Misiones, el presidente Santiago Peña dijo este viernes en Villa Florida que “nunca antes”, en más de 200 años de historia del Paraguay, un presidente y un vicepresidente trabajaron “con tanta armonía y sintonía” como lo hacen él con Pedro Aliana, a quien atribuye la real descentralización.
Diputados de la oposición cuestionaron el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que sirvió para que la Fiscalía pida desestimación en la causa que afecta al ex presidente de la República Horacio Cartes. Tildaron a su titular de operador y presumen que el dictamen del contralor Camilo Benítez vendría como un pago de favores, oportunamente, para una elección en la Corte.
La Cámara de Diputados a través de la Secretaría General remitió esta siesta las resoluciones por las cuales se presentó acuerdo para disponer las intervenciones de las comunas de Asunción y Ciudad del Este. El Ejecutivo debe designar ahora a los interventores y ya baraja nombres.
Como una bandera de su gestión, presentó el diputado Rubén Rubin su propuesta de habilitar la cadena perpetua en el país. En audiencia pública itió que no tiene los votos suficientes a causa de la duda sobre su constitucionalidad. Negó que sea populista.
Un grupo de ciberdelincuentes llamado Brigada Cyber PC recopiló filtraciones viejas de la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Salud Pública y la Gobernación de Cordillera, y las puso a disposición para la descarga gratuita en el sitio darkforum.st de la red oscura.
El senador Rafael Filizzola cuestiona el pedido de la Fiscalía de desestimar la denuncia contra Horacio Cartes por enriquecimiento ilícito. Señala que el contralor general de la República, Camilo Benítez, también es parte del “blanqueamiento”.
El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Luis Bello, indicó que colaborará mientras dure la intervención siempre que siga prestando servicios y la Municipalidad sea viable financieramente. Abogó por Carlos Pereira, como interventor.
Cámara de Senadores aprobó con modificaciones un proyecto de ley que modifica el Código Electoral, afectando lo relacionado al financiamiento político. La iniciativa establece que las autoridades partidarias ya no tengan la obligación de hacer declaraciones de ingresos y gastos al TSJE, bajo el argumento de que “no istran dinero público”.