Respecto a la suspendida jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, si bien se presentó junto con sus abogados Rodrigo Yódice y Arturo Daniel, la audiencia se suspendió porque está pendiente de ser resuelto un recurso de apelación.
El juez Rodríguez se presentó junto con sus abogados Secundino Méndez y Araceli Méndez, para la audiencia de imposición de medidas cautelares. No estuvieron representantes del Ministerio Público.
Los defensores se opusieron a las medidas cautelares debido a que los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce no argumentaron los motivos para la petición. No obstante, ofreció un inmueble que pertenece a la madre del imputado, valuada en unos G. 1.390 millones.
Los agentes habían requerido las medidas alternativas a la prisión, a más de la caución real suficiente.
RESOLUCIÓN. Ya en horas de la tarde, el magistrado Rodrigo Estigarribia dictó su resolución. Dispuso la aplicación de medidas alternativas, tales como la libertad ambulatoria, la prohibición de salida del país y de cambiar de domicilio. Además, la comparecencia trimestral al Juzgado.
Finalmente, itió la caución real ofrecida por el procesado, quien también tiene la obligación de notificarse de todas las resoluciones dictadas por el Juzgado en el caso.
El abogado Secundino Méndez señaló que optaron por no presentar incidentes ni recursos previos, ya que para los demás imputados fueron rechazados, por lo que se reservarán el derecho para hacerlo en el momento oportuno.
Explicó que igual entienden que no existe un relato de los hechos. En su caso, está imputado por supuestos prevaricato, uso de documentos públicos de contenido falso y hurto. Alegó que no dicen qué se hurtó. Tampoco señalan qué norma legal fue violada para que existiera prevaricato, entre otros hechos de la imputación fiscal.
El juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, que interina a su colega Humberto Otazú, rechazó el incidente de nulidad del acta de imputación planteado por la defensa de Gloria Mariel Martínez Portillo, actuaria judicial del juzgado de Paz de San Roque. Según señala el magistrado, en la imputación no hubo violación de garantías constitucionales ni del debido proceso, ya que la imputación cumple los requisitos establecidos en la ley. El abogado Luis Vergara, en representación de la actuaria, pidió anular la imputación, debido a que no reunía los requisitos legales, porque no relata los hechos. La Fiscalía solicitó el rechazo del pedido de anular la imputación.
