Se trata de la Comisión Interdistrital Proasfaltado Santaní, Yrybucuá y Capiibary, que reclama las postergaciones de audiencias por parte de la cartera estatal, que estaban previstas para los pasados 30 de abril y 28 de mayo.
En ambas fechas recibieron el aviso de que no se presentaría la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, a tan solo horas de las reuniones pactadas.
“La primera audiencia era para el 30 de abril, y el 29 a la tardecita nos informaron que se suspendía la audiencia porque (la ministra) tenía otro compromiso. Se reagendó para el 28 de mayo, después de un mes. Le esperamos y el 27 suspendió otra vez”, dijo a Última Hora Juan Modesto Colmán, el presidente de la comisión proasfaltado.
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Luego de que la ministra de la cartera estatal plantó dos veces al grupo, conformado por 200 pobladores sampedranos, se decidió en asamblea realizar una manifestación en Asunción, frente al MOPC, el próximo 18 de junio.
La comisión espera desde hace alrededor de 15 años que se inicie la construcción de un proyecto de 45 kilómetros de asfaltado, que abarcará el tramo que une Calle 10.000-Defensores del Chaco-Cururuó-San Isidro-Tajy Karẽ. Actualmente, por las condiciones del camino debido a las lluvias, este se ha vuelto intransitable.
El 15 de octubre del año pasado ya se había realizado una manifestación frente a la institución del Estado luego de varias manifestaciones en San Pedro que no tuvieron respuestas. En ese entonces, se acordó con las autoridades en la Capital avanzar sobre el proyecto.
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De acuerdo con la comisión proasfaltado, la obra ya contaba con presupuesto en 2019 con inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que luego fue destinado una parte para fondos Covid-19 durante la pandemia.
Posteriormente, con el dinero restante, se reemplazaron cinco puentes de madera en la zona de San Pedro con materiales, que ya fueron finalizados.
Hasta finales del 2024, la licitación se encontraba varada en la Secretaría Técnica de Planificación (STP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por la supuesta falta de codificación.