A diario somos testigos de hechos de delincuencia en el país, pero lamentablemente los sucesos no decrecen sino al contrario. Como respuesta, el Gobierno había decidido reducir el tiempo de formación de los agentes de policía, de dos años a solo ocho meses. La medida fue muy cuestionada por considerarse muy escaso el tiempo de formación para un agente policial y, además, se vio como una medida desesperada del gobierno. Los hechos demuestran que con poner más policías en las calles no se resuelve el problema de inseguridad.
El Gobierno de Santiago Peña vio como una panacea la reducción del tiempo de instrucción de los agentes de la Policía Nacional, ya que a finales de diciembre del año 2024, cinco mil nuevos policías egresaron y ya salieron a las calles. Lamentablemente, los nuevos uniformados tienen apenas ocho meses de formación.
Queda claro que reducir el tiempo de formación ha tenido el objetivo inmediato de aumentar la cantidad de policías en las calles; sin embargo, sigue generando inquietud la calidad de la formación. Además, a la luz de los cotidianos acontecimientos, sumar cantidad de agentes en las calles no ha tenido el efecto esperado, vale decir, reducir los hechos de delincuencia. Como señalaba el criminólogo Juan Martens, “no están preparados para estar en la calle, pero no es culpa de ellos, es que no fueron entrenados, la institución no les dio las condiciones para que puedan enfrentar eficazmente esas situaciones de estrés y esas situaciones donde tienen que actuar con rapidez”.
Otro investigador Hugo Pereira opina que no todo se puede resolver con represión y que se debe más bien analizar en profundidad todo lo que tiene que ver con la descomposición de la sociedad paraguaya. Sugiere en este sentido plantear políticas públicas para la juventud, ya que “los jóvenes no encuentran la posibilidad de desarrollarse como personas, como seres humanos. Nadie les hace caso”, y agregó que la sociedad les cierra la puerta, “no se les tiene en cuenta y luego nos preocupamos cuando hay el problema y queremos recurrir a la represión como si fuese la represión va a solucionar por sí solo el problema”.
Tristemente, y ante la falta de respuestas la sociedad ha ido normalizando el vivir con miedo. Como se puede leer en los datos del Atlas de la violencia e inseguridad en Paraguay, que recopila y analiza datos de inseguridad provenientes de los registros de la Policía Nacional entre 2010 y 2017, el 97,1% de la población dicen que aumentó la delincuencia en los últimos años; el 48,1% tienen miedo cuando camina de noche solo por su barrio o comunidad y un 52,7% creen que será víctima de un delito en los próximos meses. Sobre las medidas de seguridad, el 92,4% de la población adoptaron al menos una medida de seguridad; el 63,6% pusieron rejas en las ventanas, el 42,3% construyeron muros más altos, el 37,2% instalaron cerraduras especiales, un 22,2% adquirieron cámaras de vigilancia y un 10,9% compraron armas de fuego. Los datos actuales sobre la inseguridad en el país son alarmantes. Según el Ministerio Público, de enero a diciembre de 2024 ingresaron más de 283.000 causas, y se atendió a cerca de 275.000 víctimas, en todo el país. Una de las cifras más altas fue por violencia familiar, con 37.634 denuncias.
Para la Policía Nacional, la violencia urbana está relacionada directamente con el consumo de drogas y de acuerdo con la información, nueve de cada diez hechos de violencia son cometidos por menores de 25 años, consumidores de estupefacientes. Sin duda, este es un problema estructural.
Esta problemática se enmarca; sin embargo, en otra compleja situación, condicionada, por cierto, al encontrarse el Paraguay en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo. Informes internacionales señalan a la corrupción estatal, el lugar estratégico del país, la narcopolítica y el contrabando de cigarrillos como factores que nos han conducido a esta situación.
Al gobierno le falta un plan de trabajo y le faltan estrategias realistas para combatir la delincuencia y la violencia urbana que afectan cotidianamente a los ciudadanos. Para bajar los índices de inseguridad, y luchar frontalmente contra el crimen organizado y el narcotráfico, sumar agentes de policía casi sin formación no va a ser la solución.
