Fiscalía pide sobreseer a agentes de la Caminera implicados en muerte de motociclistas

En setiembre de 2024, Renato Rojas López, de 35 años, y su compañero de trabajo, Junior César González Barrios, de 26 años, perdieron la vida sobre la ruta PY01 casi Primero de Marzo del barrio Achucarro, en la ciudad de San Antonio.

Ambos viajaban a bordo de una motocicleta y chocaron contra un camión que fue detenido por agentes de la Patrulla Caminera que estaban realizando controles, aparentemente, de manera irregular, en una zona oscura.

Seis meses después de esta tragedia que enlutó a dos familias, el abogado de los agentes implicados recusó a los fiscales de San Antonio y el caso quedó de manera provisoria en manos de una fiscala de Lambaré.

Sin embargo, esta última fiscala también fue recusada y el caso quedó a cargo de su colega de Capiatá, la fiscala Carolina Martínez, quien tomó intervención durante la tarde del martes.

A pocas horas de tomar la causa, durante la noche de ese mismo martes, solicitó el sobreseimiento definitivo de los inspectores Víctor Caballero, Rodolfo Espínola, Rossana Bordón, Rosa Cáceres y María Palacios.

Todos los agentes de la Patrulla Caminera fueron imputados en su momento por homicidio culposo.

Al respecto, Javier Godoy, abogado de la familia de Junior César, especificó que antes de que Martínez sea designada al caso, fue propuesta su colega Alicia Beatriz Fernández, de la Unidad Penal N° 4. Ella también fue recusada.

“Luego de la recusación a la fiscala Fernández es que la fiscala Carolina Martínez toma intervención y finalmente es la que realiza este requerimiento conclusivo”, detalló en o con radio Monumental 1080 AM.

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Fiscala atribuye culpa a motociclistas

El documento justifica el pedido de sobreseimiento alegando que el principal factor que terminó con la muerte de los motociclistas “es atribuible al factor humano”.

Específicamente, al conductor de la motocicleta, Junior César González Barrios, “por no conducir su biciclo sin las mínimas condiciones de seguridad exigidas para circular”, cita el documento al que accedió a radio Monumental 1080 AM.

“La verdad es que a nosotros nos invade una duda razonable, en el sentido de que, una vez más, vemos cómo se buscan fiscales a medida, a los efectos de que se pueda requerir un requerimiento que sea conveniente para las partes”, lamentó.

A criterio del abogado, no se tuvieron en cuenta muchos elementos antes de realizar este pedido.

“Cuando uno analiza una conducta imprudente tiene que tener en cuenta el concepto del deber de cuidado y eso significa que las intervenciones que realizan o que han realizado estos agentes de la patrulla caminera se realicen en las condiciones adecuadas. A ellos se les asignó realizar una patrulla móvil de control, no una barrera, y ahí tenemos que ser muy claros”, sentenció.

El profesional del derecho cuestionó que los agentes de la Patrulla Caminera montaron una barrera en un lugar oscuro, sin los conos ni las torretas prendidas, y con ello “crearon un riesgo prohibido, que finalmente tuvo una consecuencia fatal”.

Varios testigos de aquel hecho afirmaron que la Patrulla Caminera estaba operando en una zona oscura y sin señalización, hasta que en un momento retuvieron al camión, ocasionando el accidente.